La Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) fue una organización anarquista española fundada en el Congreso Obrero de Barcelona de 1881 por la iniciativa de un grupo de anarcosindicalistas catalanes encabezados Josep Llunas i Pujals, Rafael Farga Pellicer y Antoni Pellicer, tras la disolución de la Federación Regional Española de la AIT fundada en el Congreso Obrero de Barcelona de 1870. Sólo tuvo siete años de vida ya que se disolvió en 1888. Su fracaso, en el que fue clave el episodio de La Mano Negra, abrió una nueva etapa en la historia del anarquismo en España dominada por la violencia de la propaganda por el hecho.
Historia
La disolución de la FRE y el nacimiento de la FTRE
thumb|200px|Rafael Farga Pellicer, uno de los principales promotores de la FTRE. Las diferencias ideológicas y estratégicas surgidas en el seno de la Federación Regional Española condujeron a su disolución en 1881 en cuanto se atisbó la posibilidad de volver a actuar legalmente. La iniciativa partió del grupo anarcosindicalista catalán dirigido por Josep Llunas i Pujals, Rafael Farga Pellicer, Antoni Pellicer i Paraire y Eudald Canivell i Masbernat que, intentado aprovechar la oportunidad que ofrecía el nuevo gobierno neoliberal presidido por Práxedes Mateo Sagasta que había prometido el reconocimiento de la libertad de asociación —lo que pondría fin al periodo de clandestinidad—, se propusieron renovar la política de la Comisión Federal, que se «había alejado de la idea de pequeños movimientos obreros, a favor de los grupos secretos, partidarios de la acción indirecta».
Con ese propósito convocaron una Conferencia Regional Extraordinaria que se celebró del 6 al 9 de febrero de 1881 en Gracia a la que asistieron un delegado por «comarca» y durante la cual se aprobó la destitución de la Comisión —integrada por Anselmo Lorenzo, José García Viñas, Trinidad Soriano, Nacher, y González Morago—, que fue sustituida por una nueva formada por los dirigentes catalanes, más el albañil mallorquín Francisco Tomás Oliver. «Acababa aquí, pues, la historia de la Federación Regional española de la AIT, para dar paso a la reconstrucción de un movimiento sindical potente, cosa que hicieron los mismos hombres de la Alianza, los anarcosindicalistas barceloneses, obreros de oficio, que se imponían a los anarquistas insurreccionalistas poco proclives a la acción sindical pública». Casi simultáneamente a la celebración de la Conferencia Extraordinaria el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta aprobaba la libertad de asociación.
El 10 de julio unas cincuenta sociedades obreras de Cataluña —que habían celebrado una asamblea previa en marzo— hicieron público un manifiesto, probablemente escrito por Farga Pellicer, en el que convocaban un congreso obrero de la Región Española en Barcelona para finales de septiembre. Pronto se adhirieron a la propuesta los «obreros colectivistas» de veintidós localidades del resto de España.
El Congreso, que se celebró entre el 24 y el 25 de septiembre de 1881 en el Teatro Circo de Barcelona de la calle Montserrat, el mismo lugar donde se había celebrado el Congreso Obrero de Barcelona de 1870, acordó fundar la nueva Federación de Trabajadores de la Región Española amoldándose a la legalidad al suprimir la palabra «internacional», una de las razones que había motivado la prohibición de su antecesora la FRE-AIT. En el Manifiesto a los trabajadores de la Región Española aprobado en el Congreso se reafirmó el antipoliticismo y el anarcocolectivismo: thumb|250px|Viñedos en Jerez de la Frontera. En la FTRE, a diferencia de su antecesora FRE-AIT, predominaban las federaciones que agrupaban a los jornaleros andaluces.
La Comisión Federal se constituyó el 7 de octubre con el grupo internacionalista barcelonés que había tomado la iniciativa para poner fin a la FRE —Josep Llunas i Pujals, Rafael Farga Pellicer y Antoni Pellicer i Paraire— más Francisco Tomás Oliver.
Un año después de su fundación la FTRE ya contaba con unos 60.000 afiliados, lo que como ha destacado Clara Lida no deja de ser sorprendente ya que tras casi diez años de persecución y de clandestinidad el movimiento anarquista español lejos de desaparecer había resurgido con tanta fuerza, pasando de 30.000 afiliados en 1873, a 60.000 en 1882. Lida ha destacado también que el «perfil» de la nueva FTRE era muy distinto del de la FRE-AIT de ocho años antes. «A diferencia de 1873, cuando predominaban las zonas manufactureras, industriales y urbanas de Barcelona, Valencia (incluyendo Alicante) y Madrid, el perfil de los nuevos militantes en 1882 era fuertemente andaluz, con gran peso de las organizaciones agrarias que durante una década se habían aglutinado en la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), específicamente orientada a organizar al proletariado agrícola dentro de la Federación española».
El Congreso de Olivenza de septiembre de 1882: anarco-colectivismo vs. anarco-comunismo; legalismo vs. ilegalismo
Entre el 24 y el 26 de septiembre de 1882 se celebró en Sevilla el II Congreso de la FTRE en el que se enfrentaron por primera vez los anarcocolectivistas y «legalistas», encabezados por el catalán Josep Llunas —que fue elegido miembro de la Comisión Federal— y el gallego Ricardo Mella, y los anarcocomunistas e insurreccionalistas, encabezados por el andaluz Miguel Rubio. El debate se centró en el mantenimiento de la Federación en la legalidad. «Mientras unos, sobre todo los sindicalistas catalanes, querían un movimiento público que estructurase un obrerismo lo más masivo posible y legal, otros, sobre todo en Andalucía, deseaban que mantuviera su carácter secreto y revolucionario, y estuviera dispuesto a practicar la propaganda por el hecho. La conflictividad en el campo andaluz pondría a prueba las tensiones y diferencias entre ambos modelos».
En el manifiesto aprobado en el Congreso triunfaron las tesis moderadas anarcocolectivistas y legalistas —se proclamó, por ejemplo, que las huelgas «cuando forzosamente no podamos evitarlas, las haremos reglamentarias y solidarias»—. Sin embargo, la «unanimidad» en el seno de la FTRE no era tal, como lo demostró que los ilegalistas poco después de la celebración del Congreso de Sevilla constituyeran una nueva federación bajo el nombre de Los Desheredados. En su órgano de prensa La Revolución Social denunciaron años después que la Comisión federal no había difundido el acuerdo del Congreso de Londres de 1881 sobre la «propaganda por el hecho».
Y por otro lado tampoco estaba claro que las autoridades y los patronos fueran a tolerar la existencia de una organización anarquista que propugnaba la revolución social. Así a finales de 1882 el periódico de la FTRE La Revista Social informaba de que en algunos lugares no se contrataba a los afiliados de la organización o se les obligaba a abandonarla si querían ser contratados, y muchos otros habían perdido su trabajo por ese motivo. Asimismo el periódico denunciaba que «a las manifestaciones que los obreros en masa hacen ante los municipios pidiendo pan y trabajo», especialmente en Andalucía que estaba atravesando una grave crisis agraria, les respondían «prendiendo a los más decididos y enviando fuerzas del Ejército para mantener el orden», o enviando a la Guardia Civil a investigar las reuniones de los afiliados. Por ello el periódico reclamaba a los «poderes públicos» que no recurrieran a «medios reprobados e ilegales» para reprimir los trabajadores —«llevadnos a nosotros a los tribunales de justicia, y éstos, que nos absuelvan o nos condenen; pero no cohibáis el ánimo de los trabajadores, no los ultrajéis, no los amenacéis, no allanéis sus moradas, no los aprehendáis, no los llevéis a la cárcel cual criminales comunes».
El episodio de la «Mano Negra» y la crisis de la FTRE (1882-1883)
A principios de noviembre de 1882 el coronel jefe de la Guardia Civil en Andalucía Occidental envió al gobierno una copia del «reglamento» de una organización secreta llamada «la Mano Negra» que había encontrado y por el que se regían «los socialistas» de la región, que según el informe constituía la prueba de que esa organización secreta estaba detrás de los «incendios, talas de montes y arbolados, heridas o asesinatos» que se estaban produciendo en aquellos meses de crisis agraria. Dos semanas después de que recibiera los documentos, el gobierno decidió enviar refuerzos a la provincia de Cádiz. El 21 de noviembre llegó a Jerez un grupo de 90 guardias civiles al mando del capitán José Oliver y Vidal que inmediatamente, con la ayuda del jefe de la guardia municipal de Jerez, Tomás Pérez Monforte, procedió a detener a cientos de jornaleros y de afiliados de la FRTE, supuestos integrantes de la misteriosa Mano Negra. En pocas semanas había más de 3.000 jornaleros y anarquistas encarcelados —Josep Termes da una cifra muy superior: 2000 en Cádiz y 3000 en Jerez—. Como ha señalado Avilés Farré, «en la mayoría de los casos el motivo por el que se les detenía no era la pertenencia a la Mano Negra, sino a la Federación de Trabajadores». El órgano de la FRTE Revista Social protestó por las detenciones indiscriminadas de afiliados de la organización. 280px|thumb|Juicio celebrado en 1883 en Jerez de la Frontera por el asesinato del Blanco de Benaocaz, atribuido a La Mano Negra. La prensa, tanto la de Cádiz como la de Madrid, se ocupó del asunto sin poner en duda la existencia de la Mano Negra y creando una atmósfera de miedo a base de artículos sensacionalistas sobre la «abominable asociación», «aborto de la demencia y el crimen». Se centró en los tres crímenes de los que se acusaba a la Mano Negra. El 4 de diciembre, dos días después de la primera oleada de detenciones ordenada por el capitán Oliver, fueron asesinados un matrimonio de venteros en el camino de Trebujena, cerca de Jerez de la Frontera. Dos meses más tarde, el 4 de febrero, se encontraba en el término de lo que es hoy el municipio de San José del Valle, cerca de Jerez, el cadáver, sepultado en campo abierto, de un joven campesino, llamado Bartolomé Gago, más conocido como «El Blanco de Benaocaz», que después se supo que había sido asesinado el mismo día que los venteros. Fue conocido como el crimen de la Parrilla. Por esas fechas trascendió que la muerte del joven guarda de un rancho llamado Fernando Olivera, ocurrida en agosto de 1882, no había sido un accidente, sino que había sido causada por los fuertes golpes que había recibido en el vientre. En febrero de 1883 el gobierno envió un juez especial a Jerez para que investigara los hechos. Y el asunto también llegó a las Cortes donde se debatió el 28 de febrero.
El gobierno apoyado por los propietarios y por la prensa —aunque hubo excepciones como el diario El Liberal— identificó la Mano Negra con la FTRE con un doble propósito, según Clara Lida: «en primer lugar, frenar drásticamente la creciente fuerza de la Internacional en España. El segundo objetivo era más local: se trataba de imposibilitar la organización de los trabajadores del campo e impedir que una huelga agraria obstaculizara recoger la cosecha». El Comité federal de la FTRE, que ya había reiterado que la propaganda no se podía realizar «ni por el robo, ni por el secuestro, ni por el asesinato», replicó que no tenía ninguna relación con la Mano Negra, «ni con ninguna asociación secreta que tenga por objeto perpetrar delitos del derecho común, rehusando toda solidaridad con los que han cometido o puedan cometer hechos criminales». También volvió a condenar el ilegalismo, con lo que se ahondaron «aún más las diferencias entre el núcleo anarcosindicalista catalán y los ilegalistas andaluces, así como los que empezaban a nacer en Barcelona y alrededores, sobre todo en Gracia, proclives también a la acción directa».