La crisis colombo-venezolana del 2015 se refiere a la crisis diplomática, humanitaria y económica surgida entre los gobiernos de los presidentes Juan Manuel Santos (de Colombia) y Nicolás Maduro (de Venezuela) por la supuesta presencia en territorio venezolano de miembros de grupos paramilitares y la posterior implantación del estado de excepción en varios municipios del estado Táchira (limítrofe con Colombia), produciendo el cierre indefinido de la frontera en dicho estado. Los cierres fueron extendidos el 7 de septiembre de 2015 a zonas del estado Zulia. El día 15 del mismo mes las medidas presidenciales del lado venezolano fueron extendidas a municipios del estado Apure y zonas adicionales del estado Zulia. Posteriormente el día 22 se activa una octava zona del estado de excepción en el estado venezolano de Amazonas y otras tres nuevas entidades municipales del estado Apure que se sumaron a la medida. Según el censo de 2011, más de 700 mil colombianos vivían en Venezuela ese año, sin contar los inmigrantes indocumentados. En 2017 un grupo de abogados introdujo una demanda contra Nicolás Maduro por «delitos de lesa humanidad» ante la Fiscalía de Colombia, a raíz de las deportaciones de colombianos.
Contexto histórico
Desde la década de 1970, los colombianos han emigrado a Venezuela para evitar el conflicto armado interno que afecta a su país, y en la década de 1990 los colombianos representaban el 77% de todos los inmigrantes en Venezuela, de acuerdo con Raquel Álvarez, socióloga de la Universidad de Los Andes de Venezuela. A principios de 2000, el presidente venezolano Hugo Chávez aprovechó los ingresos récord del petróleo para financiar las políticas populistas y programas sociales llamados «misiones bolivarianas». Con estos programas, el gobierno de Chávez otorgó a colombianos la residencia, el derecho al voto y otros servicios sociales, incluso ofreciendo viajes en autobús para cruzar la frontera colombo-venezolana para aquellos que desearan votar por Chávez. Los colombianos que recibieron estos beneficios a menudo tuvieron que devolver el apoyo recibido durante las elecciones. La creación de los controles de divisas y los subsidios durante la era Chávez también permitieron que el contrabando se extendiera a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. De esta forma, los colombianos a menudo tomaron ventaja de los subsidios del gobierno bolivariano para contrabandear productos de precio fijo desde Venezuela hacia Colombia a fin de recibir amplios beneficios.
Acontecimientos previos Durante el año 2014 creció el contrabando hormiga de productos, alimentos y combustible desde Venezuela hacia Colombia, debido a la inestabilidad cambiaria de la moneda que hacia apetecible grandes ganancias con la moneda estable colombiana, en agosto de 2014 el gobierno venezolano decide el cierre de la frontera con Colombia por las noches entre las 22::00 horas y las 05:00 de la mañana, durante un mes para evitar el contrabando de bienes esenciales. La decisión fue una medida unilateral que afectaba a Venezuela pero que no no fue aceptada por la canciller colombiana, María Ángela Holguín. Venezuela incautó hasta julio 21.000 toneladas de alimentos que los contrabandistas intentaron llevar a Colombia, más que la cifra total confiscada en 2013. El Gobierno también confiscó 40 millones de litros de gasolina en el mismo período de este año. Este cierre se prolongaría un año hasta que el 19 de agosto de 2015, en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, dos hombres en motocicleta ―que según el Gobierno de Venezuela eran paramilitares y contrabandistas― atacaron por la espalda, con armas largas, a cuatro personas que participaban en operaciones anti-contrabando, dejándolos heridos: dos tenientes y un cabo primero de las fuerzas armadas venezolanas y un civil que les ayudaba. Según la revista Semana, los heridos fueron: tenientes Daniel Veloz Santaella y Alexis Rodríguez, cabo primero Miguel Núñez ―integrantes de inteligencia militar del Ejército venezolano― y el civil Ramón Vuelvas alias "el Paisa".
El mismo día del ataque, el gobierno venezolano ordenó el despliegue policial en contra de bandas delincuenciales en los dos municipios venezolanos de la zona de frontera (San Antonio del Táchira y Ureña); la operación formaría parte del denominado Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que Maduro inició en agosto en Caracas y otras ciudades dentro de las acciones estatales de lucha contra el hampa. Como parte de dicha operación se ordenó el cierre temporal de la frontera durante 72 horas.
El día siguiente, 20 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció acerca del incidente de los militares: «Los atentados contra la FANB se suman a una cadena de hechos contra el pueblo de la frontera tachirense y zuliano». Maduro indicó que la causa de la inseguridad y la crisis económica en la frontera era la supuesta migración de paramilitares colombianos dentro del territorio venezolano. Por lo tanto ordenó la militarización de la frontera.
Maduro acusó a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y senador activo durante la ocurrencia de los sucesos en la frontera colombo-venezolana, de «coordinar asesinatos» en la región. Uribe declaró desde su cuenta de Twitter que las arremetidas del presidente venezolano eran por causa del desespero, pero que a la vez no lo asustaban, y afirmó que continuaría apoyando a la oposición venezolana hasta que «la dictadura [venezolana] fuera derrotada» y que además acudiría a la frontera en La Parada, Puente Internacional Simón Bolívar a solidarizarse con «torturados» y expulsados por el gobierno venezolano en ambos lados.
Por otro lado, el diario estadounidense en español El Nuevo Herald, publicó que «personas familiarizadas con la situación» habían afirmado que el conflicto entre ambos países se debe a que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprobó la extradición a Estados Unidos de dos narcotraficantes integrantes del Cartel de los Soles que opera en la frontera colombo-venezolana y que serán testigos claves para vincular a altos funcionarios del Gobierno de Venezuela a la actividad del narcotráfico.
El 24 de agosto, durante una rueda de prensa que ofreció a medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente venezolano informó que habían capturado al grupo que presuntamente ejecutó el ataque del 19 de agosto contra miembros de la FANB y un civil que les ayudaba en operaciones anti-contrabando. Los individuos arrestados incluyen a los colombianos Erika Moncada, de 29 años de edad; Carlos Arango, de 31 años de edad y supuesto jefe del grupo paramilitar que perpetró el ataque; Franklin Valerio, de 22 años y Sergio Molina, menor de edad. A su vez, están implicados en la emboscada los venezolanos, Julio César León y Wilmer Tarazona.
Desarrollo Declaración del estado de excepción 260px|thumb|En rojo, los municipios venezolanos en los que se ha declarado el estado de excepción durante la crisis colombo-venezolana de 2015. En amarillo, los municipios colombianos donde se ha declarado emergencia económica a causa del cierre de la frontera.
El 21 de agosto el gobierno venezolano anunció la implantación del estado de excepción durante 60 días en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia, todos ellos pertenecientes al estado Táchira, fronterizo con Colombia. Según Maduro, hace «parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana». Fue nombrado como jefe de la zona decretada en estado de excepción al gobernador del estado del Táchira, José Gregorio Vielma Mora. La vigencia del estado de excepción es prorrogable por otros 60 días.
Esta decisión unilateral de Caracas, que alimenta las tensiones entre ambos países, fue lamentada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien exige una mayor colaboración entre Colombia y Venezuela con el fin de luchar más eficazmente contra las actividades de la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas..
Deportación y éxodo de colombianos
Tras la declaración de estado de emergencia el 22 de agosto, se llevó a cabo la operación policial denominada Operación de Liberación del Pueblo en busca de paramilitares colombianos en el sector La Invasión de la ciudad de San Antonio del Táchira, donde el 90% de los residentes eran de nacionalidad colombiana. Como parte de la operación, Venezuela deportó a Colombia a 185 ciudadanos colombianos, mientras que apresó a ocho miembros de la banda paramilitar colombiana «Los Urabeños». Los deportados denunciaron maltrato físico y verbal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) así como también robos y saqueos durante el proceso de deportación. Las autoridades venezolanas registraron casa por casa en busca de delincuentes marcando con una R o una D un muro de la casa indicando que la vivienda ya fue registrada o que esta debería ser demolida; muchas familias fueron separadas, pues los padres colombianos fueron deportados a Colombia sin sus hijos cuando estos tenían la nacionalidad venezolana.
A partir del 23 de agosto por la noche, fue establecido en Cúcuta un Centro de Mando Unificado, bajo el mando de la policía de San Mateo, para «hacer valer los derechos de los colombianos que fueron deportados, facilitar la reunificación familiar y mantener a las personas informadas», según una declaración oficial firmada por Juan Manuel Santos. También fueron distribuidos entre los migrantes comida, atención médica y transporte para los que llegan en la frontera y a los centros de migración.
Durante el desarrollo de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, medios colombianos de comunicación presentaron algunas situaciones irregulares en las que informaron incidentes contra locales comerciales cuyos propietarios eran de nacionalidad venezolana. El 24 de agosto, José Gregorio Vielma Mora (gobernador del estado Táchira) informó que se habían realizado 1012 deportaciones de colombianos desde Venezuela y se habían capturado a 10 presuntos paramilitares.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello reiteró que la frontera con Colombia permanecerá cerrada hasta que la situación esté «dentro de los términos de la tolerancia, que se permitan las cosas normales que debe haber entre fronteras, pero en esos desniveles no». Indicó que en las poblaciones venezolanas de la frontera con Colombia se vivía «un toque de queda impuesto por paramilitares».
El 25 de agosto, Juan Manuel Santos, quien hasta entonces estaba tratando de aliviar las tensiones entre los dos países, condenó por primera vez los desalojos en curso. Él dijo que «llevar a cabo redadas en las casas, sacar a los habitantes a la fuerza, separando familias, sin permitirles salir de sus casas con sus pertenencias y marcar las casas para luego demolerlas, son métodos absolutamente inaceptables y que recuerdan episodios amargos de la historia que no se deben repetir».
Reunión entre cancilleres
Para intentar encontrar una solución a la crisis se convocó una reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez. Dicha reunión se llevó a cabo el 26 de agosto en la ciudad de Cartagena (Colombia), donde se pretendía que además del problema de la crisis fronteriza, también se abordarían otras cuestiones como el tráfico de drogas y el contrabando de gasolina y alimentos. Se esperaba que al finalizar dicha reunión se anunciaría el final de las deportaciones masivas o algún avance para superar las diferencias, sin embargo tras cinco horas de discusiones no se presentó ningún adelanto para levantar el cierre fronterizo.