La movilización estudiantil de 2006, también denominada como «Revolución pingüina»,Recibió el nombre de «Revolución pingüina» en alusión a un apelativo que reciben en Chile los estudiantes de educación primaria y secundaria, debido al aspecto (camisa blanca, vestón o jumper azul de una tonalidad oscura, casi negra) del uniforme escolar chileno, que los asimila a un pingüino. corresponde al primer alzamiento de masivo participación y manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios de Chile a favor del derecho a la educación, en respuesta a la privatización del sistema de educación chileno, impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet en los años 1970 y 1980. Estas movilizaciones ocurrieron entre los meses de abril y junio de 2006 y se reactivaron en septiembre y octubre del mismo año.
Se contabilizó que más de 100 establecimientos de educación escolar llegaron a estar paralizados. Las movilizaciones habían comenzado con una temprana y coordinada acción de más de 100 establecimientos (colegios) que se encontraban en movilización el día viernes 26 de mayo,) que dio lugar al paro nacional de estudiantes convocado para el martes 30 de mayo, el cual habría contado con una adhesión de más de 600 000 escolares, convirtiéndose en la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile para ese entonces, superando a las producidas en 1972 durante el gobierno de Salvador Allende y su proyecto de la Escuela Nacional Unificada y durante la década de 1980 contra las políticas educacionales de la dictadura militar.
miniaturadeimagen|275x275px|Uniforme escolar chileno, conocido como «uniforme de pingüino» por sus tonos monocromos. Estas movilizaciones abarcaron diversas reclamaciones planteadas por los estudiantes, entre las que destacaron la derogación de leyes educativas —como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y el decreto 524 de 1990, que regula los Centros de Alumnos—; el fin de la municipalización de la enseñanza; el estudio y reformulación de la Jornada Escolar Completa (JEC); la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), del pase escolar y de la tarifa escolar en el transporte público para la Educación Media, entre otras demandas.
El jueves 1 de junio, la presidenta Michelle Bachelet se dirigió a la nación en cadena nacional voluntaria de radio y televisión anunciando nuevas medidas para mejorar la calidad y el acceso a la educación, que satisfacían en gran medida las demandas de los estudiantes. Sin embargo, la Asamblea Nacional Estudiantil rechazó las propuestas del gobierno y convocó a un nuevo paro nacional para el lunes 5 de junio. Tras este paro, el movimiento perdió fuerza y finalmente los estudiantes anunciaron el fin de la principal ola de movilizaciones el viernes 9 de junio. Las movilizaciones serían posteriormente retomadas en los meses posteriores aunque sin el mismo éxito.
Antecedentes left|thumb|250px|Cartel en un liceo en toma durante las protestas que dice: «La LOCE es loser». La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (ley 18962), debatida durante siete años y aprobada por la Junta de Gobierno, fue promulgada el 7 de marzo de 1990 por el general Augusto Pinochet y publicada el 10 de marzo, un día antes del fin de la dictadura militar. A pesar de diversas críticas, principalmente de estudiantes y profesores, pero también, incluso, de miembros de la gobernante Concertación, se mantuvo prácticamente inalterada durante más de 16 años. Dicha ley establece, entre otras normas, que el rol del estado en la educación corresponde solo al de un ente regulador y protector, delegando la responsabilidad de educar en corporaciones privadas, reduciendo el espacio para la participación de grupos de estudiantes y funcionarios no-académicos en las decisiones relativas a los establecimientos de educación. Por otro lado, se da libertad casi total para el establecimiento de centros educacionales, exigiendo requisitos mínimos, y no se establecen medidas reguladoras básicas: en síntesis, permite la «libertad de educación», donde entes privados pueden crear establecimientos educacionales como universitarios.
Durante la década de 1990, uno de los principales objetivos que asumieron los gobiernos de la Concertación fue la reforma educacional, concretada durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, uno de cuyos principales pilares era la Jornada Escolar Completa (JEC). Sin embargo, durante la última década la calidad de la educación ha caído a niveles preocupantes, a pesar del altísimo gasto que se ha hecho en la educación pública. Por otro lado, de acuerdo con algunos estudios, la JEC no ha sido implementada de manera correcta ni ha logrado surtir los efectos esperados.
Durante la década de 2000, se marca un hito, en lo que sería el mayor precedente de las movilizaciones estudiantiles posteriores. un nuevo foco de lucha estudiantil surgió con respecto a la situación del transporte escolar. El 4 de abril de 2001, el Parlamento Juvenil de Chile, dirigido por Daniel Manouchehri, convocó a una movilización que fue conocida como El Mochilazo. Si bien año a año fueron obteniéndose ciertos acuerdos menores y estableciéndose mesas de diálogo entre los centros de alumnos y el Ministerio de Educación, este movimiento, fue el primer atisbo del resurgimiento del movimiento estudiantil.
Desarrollo Las primeras movilizaciones thumb|200px|Marcha de estudiantes por el centro de Santiago en junio de 2006. El 25 de abril de 2006 se realizó la primera movilización en el liceo A-45 Carlos Cousiño de Lota, los estudiantes hicieron toma del establecimiento demandando mejores condiciones de infraestructura. Cada año se inundaba el colegio por las lluvias.
Posteriormente y durante el mes de abril de 2006, los anuncios de un alza en el cobro de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), —que durante 2005 había alcanzado los $19 000, cerca de USD 36 o € 30 de la época, aproximadamente—, debido a las pérdidas que el ejercicio devengaba al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), dependiente de la Universidad de Chile, y de que el pase escolar solo podría ser utilizado dos veces diariamente con la aplicación del plan Transantiago —proyecto de renovación del transporte público de la capital chilena, que se inició el 10 de febrero de 2007—, diversos colegios de Santiago participaron en marchas a lo largo de la Alameda exigiendo pase escolar liberado y gratuidad de la PSU para los tres primeros quintiles. Sin embargo, durante dichas movilizaciones comenzaron a realizarse actos violentos por parte de los manifestantes ya que el gobierno no los tomaban en cuenta, lo que motivó la intervención de Carabineros, que detuvo a 47 estudiantes, que golpearon durante todo el trayecto hacia la comisaría en la primera marcha, el 26 de abril.
En los días siguientes se realizaron nuevas movilizaciones pacíficas, esta vez sin permiso de la Intendencia Metropolitana, por lo que fueron inmediatamente reprimidas por la fuerza pública, los estudiantes se defendieron con daños al mobiliario público por cifras millonarias.
El Ministerio de Educación, en tanto, para no cumplir con las demandas de los estudiantes comunicó que se darían becas para la PSU a los tres quintiles de menores ingresos y que el pase se mantendría sin restricciones, lo que no satisfizo a las agrupaciones de alumnos, que insistieron en sus demandas de PSU gratuita para los tres primeros quintiles de ingreso, de pase escolar gratuito y de una revisión completa a la JEC.
Días después de las violentas protestas del 1 de mayo, durante el Día Internacional del Trabajador, los alumnos de Educación Media de diversos colegios de Santiago salieron a una nueva marcha, esta vez en las inmediaciones del Parque Almagro, pero los hechos de violencia se repitieron y Carabineros detuvo a más de 800 estudiantes el 10 de mayo, mientras en las regiones se producían hechos similares, con un total de 1024 escolares detenidos.
De esta manera, los actos de violencia provocaron el rechazo del gobierno a las movilizaciones escolares:
Las tomas y expansión del conflicto left|thumb|300px|Instituto Nacional en toma, 19 de mayo de 2006.
Luego de casi tres semanas de marchas, los avances en las demandas escolares habían sido mínimas y los hechos de violencia habían empañado el objetivo de las protestas. Sin embargo, se produjo un giro cuando alumnos del Liceo de Aplicación y del Instituto Nacional iniciaron tomas en sus respectivos establecimientos el 19 de mayo reivindicando, aparte de las exigencias realizadas durante las marchas, una reforma educacional para mejorar la calidad de la educación, incluyendo la derogación de la LOCE y el fin de la administración municipal de los establecimientos educacionales, existente desde 1982. Además, exigieron que la presidenta Michelle Bachelet se pronunciara al respecto durante el discurso a la Nación el 21 de mayo. Sin embargo, la presidenta solo hizo una alusión indirecta al conflicto refiriéndose en general a las protestas que terminaron en hechos delictivos durante las semanas previas:
La respuesta no dejó satisfechos a los dirigentes estudiantiles, quienes decidieron continuar con las movilizaciones, aunque el día 22, el Instituto Nacional depondría la toma reemplazándola por un paro indefinido, que contó con el apoyo de profesores, apoderados y la rectoría del establecimiento. Siguiendo los pasos de ambos liceos, el Liceo A-13 Confederación Suiza y el Liceo Carmela Carvajal de Prat se sumaron al paro; en tanto, alumnos del Liceo José Victorino Lastarria de Providencia intentaron en dos oportunidades ocupar el establecimiento siendo repelidos por Carabineros de Chile por orden del alcalde Cristián Labbé, el cual finalmente llegó a un acuerdo con el colegio para deponer la toma (que fue reemplazada por un paro) a cambio de su compromiso de presentar las propuestas del alumnado ante el MINEDUC. Ante la situación, el Ministerio decidió cerrar la mesa de diálogo y el ministro Martín Zilic anunció que no negociaría con alumnos en movilizaciones.
Sin embargo, la estrategia del Ministro de no dialogar con los colegios movilizados no surtió efecto. Al día siguiente, 14 colegios se sumaron a las protestas, destacándose el Liceo n.º 1 de Niñas, donde estudió la presidenta Bachelet, el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo 7 de niñas Luisa Saavedra de González La situación comenzaba a extenderse a lo largo de la ciudad, lo que motivó a la intervención de la presidenta.
Durante la madrugada del 25, once colegios de Santiago, Ñuñoa, Estación Central, La Cisterna, Maipú, Providencia y Recoleta amanecieron tomados. Diputados de la Concertación, el Colegio de Profesores y otras instituciones apoyaron las movilizaciones poniendo en jaque a Zilic, que decidió convocar una asamblea con los estudiantes que estuvieran sin manifestaciones para el lunes 29 de mayo, pero luego debió ampliar la convocatoria a todos los establecimientos. A lo largo del día, más colegios se sumaron al movimiento y este se amplió hacia fuera de la región, a ciudades como Arica, Iquique, Rancagua, Valparaíso, Concepción y Talcahuano.
Movilización de colegiosFechaEn tomaEn paroTotalViernes 19202Lunes 22145Martes 236814Miércoles 24171027Jueves 25241640Viernes 26~30> 70> 100
El día viernes la situación estalló: alumnos de Maipú, San Miguel, Las Condes, Puente Alto y Pudahuel realizaron marchas pacíficas y colegios particulares se adhirieron a los eventos. En total, más de 100 000 estudiantes pertenecientes a cerca de cien colegios a lo largo del país se encontraban en movilizaciones, mientras la Asamblea de Estudiantes Secundarios llamaba a un paro nacional para el martes 30 de mayo al que se adhirieron la FECh, el Colegio de Profesores y el Consejo Nacional de Co-Docentes.