El Caso Redes es un caso de corrupción descubierto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 9 de julio de 2015 y que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a exfuncionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo Martínez -exsecretario de la presidencia y yerno de Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y Minas-.

Redes descubiertas

Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia y quien renunciara a principios de junio de 2015, fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por su presunta implicación en un caso de tráfico de influencias que involucraba a la empresa Jaguar Energy; además, fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas.

César Augusto Medina Farfán, supuesto líder de las redes

César Augusto Medina Farfán habría fungido como operador en tres casos de corrupción, al que los entes investigadores denominaron «Caso Redes». En el primero, Medina negoció en el 2014 con el entonces jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y la jefa de Departamento de la SAT, Lucrecia Roca, para beneficiar a la empresa Zeta Gas, que quería un depósito aduanero privado en Puerto Quetzal. En el segundo caso, de acuerdo a la CICIG y al MP, Ernesto Córdova, representante de Jaguar Energy, buscó a Medina por su amistad con el secretario de la presidencia Gustavo Martínez, para que este incluyera en la agenda del presidente reuniones con representantes Jaguar; Martínez habría utilizado sus influencias para que un diplomático de China no visitara un albergue donde se encontraban atrapados ciudadanos chinos, que trabajaban para una empresa con la Jaguar Energy que mantuvo una pugna legal. A cambio de su ayuda, el exsecretario general del presidente habría recibido una remuneración de US$120,000. La planta eléctrica de Jaguar Energy es el proyecto más grande en Centroamérica, con un valor aproximado de US$900 millones.

Caso del juez José Luis Patán

En el primer caso, por medio de escuchas telefónicas se pudo establecer que Carlos Muñoz, ex superintendente de Administración Tributaria de la SAT, por medio de Medina Farfán habría gestionado estando en el cargo de jefe de la SAT, que se le desestimará un caso que tenía abierto desde el 2004 por los delitos de estafa propia, peculado, entre otros, en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, presidido por el juez José Luis Patán. Según la investigación del MP, el juzgador al otorgar el desistimiento del caso solicitó a cambio dos plazas para familiares suyos. Por este caso se señala a Medina Farfán de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias; y en el caso del juez Patán, el ente investigador solicitó un antejuicio.

Caso Z-Gas

De acuerdo con el ente investigador, en julio de 2014 Medina Farfán fue contactado por Luis Alberto Zabala González, gerente general de la empresa Zeta Gas, S. A, y por Williams Esteban Arbizú Luna (ABSUELTO DE TODOS LOS DELITOS mediante Sentencia en 1er. grado, dictada por el Tribunal 5to. de Sentencia Penal el 23/11/22; y confirmada mediante Sentencia de 2o. grado, dictada el 13/10/23 por la Sala 1a. de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. Causa Penal 01077-2015-00142), jefe de Asuntos Jurídicos de la misma, con el objeto de que sirviera como intermediario entre la compañía y autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), a efecto de que se autorizara convertir una planta adyacente del Puerto Quetzal en un depósito aduanero privado y que la empresa pudiera obtener beneficios, al operar con independencia para recibir gas bajo el régimen de importación general. Para poder obtener el depósito aduanero de tránsito de gas por el país, se fijaba una póliza de US$5 millones, -unos treinta y nueve millones de quetzales-, sin embargo, a través de las conversaciones entre empleados de la empresa con el presunto cabecilla de la red de tráfico de influencias y el exjefe de la SAT, Carlos Muñoz, se logró reducir a cinco millones de quetzales, equivalente a US$650 mil. Farfán habría pedido la asistencia del entonces titular de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán, quien le habría indicado las directrices que debían seguirse para obtener la autorización, saltándose los pasos administrativos de ley a cambio de una dádiva para el superintendente y los empleados público involucrados; Medina Farfán, presumiblemente fue a recoger a la empresa Z-Gas, «diplomas» para los beneficiarios «graduandos» los cuales serían en realidad pagos en efectivo, cuya distribución se habría llevado a cabo en el apartamento de Muñoz, y hasta el momento se desconoce la cantidad que habrían recibido. Por este caso también fueron señalados Filadelfo Reyes Cáceres, exsubsecretario de Planificación del Ministerio de Energía y Minas y ex Intendente de Aduanas, por asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica; y Lidia Lucrecia Roca Morales, jefe del Departamento de Normativas de la SAT por falsedad ideológica. Mientras que los dos trabajadores de Zeta Gas no han sido capturados.

La empresa Zeta Gas, distribuidora de gas propano, ha sido criticada en Guatemala no solo por los elevados precios de su producto, sino también porque se había especializado en proporcionar un avión jet a gobernantes guatemaltecos para sus desplazamientos y gracias a ello habría obtenido beneficios.

Por este caso a Medina Farfán se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Mientras que a Muñoz, quien ya está en prisión por el caso La Línea, se le imputarán los ilícitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y falsedad ideológica.

ACTUALIZACIÓN LEGAL DEL CASO EN TRIBUNALES DE GUATEMALA:

1o. El 23 de noviembre de 2022, mediante Sentencia en primera instancia, dictada dentro del proceso penal 01077-2015-00142, por el Tribunal 5.º. de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, del departamento de Guatemala, se resolvió, transcribiendo literalmente las partes conducentes, lo siguiente: "PARTE RESOLUTIVA: (...) El tribunal con fundamento en lo analizado (...) POR UNANIMIDAD DECLARA: I). Que ABSUELVE a WILLIAMS ESTEBAN ARBIZÚ LUNA por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, como agraviada la sociedad, del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA como agraviada la Administración Pública, dejándolo libre de todo cargo, II). Que por MAYORÍA DECLARA: Que ABSUELVE a WILLIAMS ESTEBAN ARBIZÚ LUNA del delito de COHECHO ACTIVO, como agraviada la Administración Pública, dejándolo libre de todo cargo, (...) V). Encontrándose el procesado en libertad de continuar en la misma situación y firme el presente fallo se revocan todas las medidas de coerción dictadas en contra de dicho acusado quedando en libertad simple. VII). Firme la presente sentencia deberá archivarse el expediente. (...) VIII) Notifíquese."

2o. El 13 de octubre de 2023, mediante Sentencia en 2o. grado, dictada por la Sala 1a. de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, se declaró lo siguiente: "POR TANTO: Esta Sala con fundamento en lo considerado y leyes citadas por UNANIMIDAD DECLARA: I. NO SE ACOGE EL RECURSO DE APELACIÓN ESPECIAL, por motivo de FONDO interpuesto por Superintendencia de Administración Tributaria, a través de su Mandatario Especial Judicial con Representación JUAN CARLOS RAMÍREZ MORALES; II. Como consecuencia se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, quedando como consecuencia incólume; III. La lectura del presente fallo servirá de legal notificación a la partes, debiéndose entregar copia a quién lo solicite; IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes al tribunal de origen."

Caso Jaguar Energy

En la empresa Jaguar Energy, el personero Ernesto Córdova habría solicitado un intermediario para obtener ciertos privilegios y así contacta a Medina Farfán, quien luego habría hablado con Gustavo Martínez, su amigo personal y entonces secretario general de la Presidencia, para que incluyera en la agenda del presidente Pérez Molina una cita con ejecutivos de la entidad comercial. Martínez gestionó el requerimiento y facilitó que los ejecutivos de Jaguar Energy se reunieran con Pérez Molina, en relación con el proyecto eléctrico para la construcción de la planta eléctrica. En este caso estaría presuntamente involucrado también el ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares. Además Medina Farfán, influyó en Martínez para que se pudiera incluir por segunda ocasión una cita para abordar un problema entre Jaguar Energy y una empresa china encargada de la construcción del proyecto por la deportación de ciudadanos chinos. Esta reunión con el presidente era vital para Jaguar Energy porque no habían podido cumplir con los términos del contrato entre partes privadas Jaguar Energy-ENERGUATE. El único vínculo con el estado es el de garantizar el suministro de Energía MW/h, y el ente encargado de garantizar que esto ocurra es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE.

Además, lograron que la influencia del poder ejecutivo interfiriera para resolver el problema de trabajadores chinos que fueron reprimidos.

Para obtener un beneficio económico se creó un contrato de una consultoría en donde aparece involucrada Karen Paola Cancinos, empleada de una empresa multinacional, quien sería la testaferra y encargada de cobrar los US$120 mil, para evitar que el soborno fuera directo entre Córdova y Martínez. Cancinos al recibir el pago mensual entre julio de 2014 y enero de 2015, a razón de US$20 mil mensuales, lo cual quedó evidenciado a través de escuchas telefónicas. Las escuchas sugieren que el dinero salió de Jaguar Energy a la cuanta bancaria de Cancinos -de esto el MP presentó los estados de cuenta de Cancinos- y de esta última hacia una empresa sociedad anónima, la cual parece ser por el contexto, propiedad de Medina Farfán, ya que en las escuchas existe una conversación entre el padre de Cancinos y Medina Farfán con relación al cambio de un cheque por una fuerte cantidad en un banco en Amatitlán. De allí en adelante el MP presume que Medina Farfán pago posteriormente a Martínez, no obstante, esto no quedó evidenciado ni en las escuchas ni en la investigación de cuentas bancarias.

Por este caso a Medina Farfán le imputaron los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica; para Martínez asociación ilícita y tráfico de influencias; para Rodas Solares asociación ilícita; Córdova asociación ilícita; y Cancinos por lavado de dinero. Ahora bien, este caso en particular tiene implicaciones adicionales porque en Estados Unidos existen leyes severas para aquellas empresas que se cotizan en la bolsa y que recurren a prácticas corruptas en países en desarrollo. A Rodas Solares inicialmente se le imputaban los cargos de asociación ilícita y tráfico de influencias; sin embargo, el cargo de asociación ilícita le fue removido después de que el ex viceministro de energía rindiera su declaración y se evidenciara que ni en las escuchas ni en la investigación de sus cuentas bancarias hay indicios que reflejen que recibiera comisión alguna.