José López Martínez (Cartagena, 7 de enero de 1967) es un empresario y político español, concejal del Ayuntamiento de Cartagena por el partido Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC) y alcalde de la misma entre 2015 y 2017.
Ha protagonizado diversos incidentes polémicos con repercusión nacional, como cuando tras la segunda investidura de Castejón pronunció ante sus seguidores la frase «Las verdades, como puños. Y si hace falta, a la cara».
Dicha conducta le ha supuesto dos condenas por delitos leves: por tentativa de maltrato al intentar dar una patada al entonces director general de Calidad Educativa de la Región de Murcia y por coaciones a un funcionario.
Biografía
Nacido en 1967, José López es propietario de la empresa Cafés Cavite, productora y distribuidora desde sus plantaciones caficultoras en Nicaragua.
Concejal único por MC (2011-2015)
Su entrada en la política local ocurrió de la mano de la entonces federación Movimiento Ciudadano (MC), participando en su fundación en 2003 a través del partido Convocatoria de Independientes por Cartagena. Entre 2004 y 2007 ocupó la secretaría general de la federación, y en mayo de 2011 concurrió a las elecciones municipales como candidato a la alcaldía, de las que salió elegido sin embargo como único edil de MC en el pleno del Ayuntamiento.
Su actuación en la legislatura 2011-2015 se ha caracterizado por la persecución de los comportamientos que desde su grupo han estimado asociados a la corrupción política. Es por esta razón que López ha mantenido desde 2011 una relación de abierta hostilidad con el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, al que atribuía un trato de favor a empresas ligadas a su persona por parte de su sucesora en el consistorio, la popular Pilar Barreiro. Esta discordia tuvo sus mayores consecuencias en la demanda de Alonso Conesa contra López por injurias, que fue archivada por el juez tres años después, con el primero ya encausado como consecuencia de la Operación Púnica.
En sede judicial también se produjo el litigio contra la concesionaria del servicio de agua Hidrogea (antes Aquagest) con motivo de las tarifas de consumo, que se mantenían como las más altas de España a pesar del superávit continuado de sus cuentas. Finalmente, el Ayuntamiento de Barreiro accedió a aplicar la bajada de tarifas, si bien el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia invalidó la denuncia del concejal.
En el plano social, encabezó junto a otros representantes de la oposición municipal y regional protestas por el desmantelamiento del Hospital Universitario Santa María del Rosell por parte de las autoridades sanitarias autonómicas, alegando el traslado progresivo de sus servicios al recientemente construido Hospital Santa Lucía.
En las elecciones municipales de mayo de 2015, la candidatura de MC liderada por López ascendió en el organigrama del ayuntamiento cartagenero, alcanzando los cinco concejales. Este crecimiento sirvió para establecer un acuerdo con los socialistas de Ana Belén Castejón y el partido Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) de Pilar Marcos, de manera que López ocupase la alcaldía los dos primeros años de la legislatura, y Castejón los dos restantes. Además, López reservó para sí la concejalía de Urbanismo e Infraestructuras.
Alcalde (2015-2017)
El gobierno de López, administrador de un municipio que en septiembre de 2015 era listado entre los cinco más pobres del país, tomó medidas encaminadas a atajar esta coyuntura, como la puesta en marcha de una oficina antidesahucios, la apertura de los comedores escolares en verano o la asunción del pago del gasto en agua de familias en riesgo de exclusión, recobrando también el control del precio de la misma de manos de la concesionaria Hidrogea.
Otros proyectos presentados por el Ayuntamiento atañen a la descontaminación de los terrenos de la antigua fábrica de fertilizantes Potasas y Derivados en El Hondón, que valieron a la ciudad el sobrenombre de «capital de la contaminación» en España en 2001 y para los que se ha planeado un parque natural con el apoyo del Gobierno autonómico.
Hacienda
Dos de las primeras medidas de López al frente del gobierno bipartito estuvieron orientadas a personar al Ayuntamiento como acusación en aquellos casos de corrupción que afectaban al municipio (Novo Carthago,Púnica) y a redistribuir las áreas de gobierno para restringir el gasto, dado el menor margen presupuestario de maniobra a causa de la intervención por el Ministerio de Hacienda de las cuentas municipales para el periodo 2012-2022, sanción que fue impuesta durante el mandato de Barreiro por superar el máximo de deuda contemplado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En junio de 2016, el alcalde López anunció el levantamiento de la tutela ministerial y la recuperación de la autonomía financiera del Ayuntamiento gracias a los ingresos obtenidos por el rescate de un aval de 13.8 millones de euros del proyecto de una urbanización y de una inspección pendiente desde 2012 sobre la petrolera Repsol, que reveló unos impuestos impagados por las obras en su refinería de Escombreras por valor de 24.5 millones.
En el ámbito de la fiscalización de las obras acometidas por la administración previa, el bipartito decidió en su primer mes efectuar una auditoría del Palacio de Deportes, tras una visita en la que se evidenciaron las múltiples deficiencias de una obra inconclusa que llevaba retrasándose desde 2007 y había alcanzado un coste de 21 millones de euros, sobre los 13 presupuestados inicialmente. En el mismo sentido fue constituida una comisión de investigación acerca de los sobrecostes en la edificación del auditorio y palacio de congresos El Batel entre 2003 y 2011, presupuestado originalmente en 20 millones de euros y concluido tras una inversión de 65.
En julio de 2016 fue aprobado por la Junta de Gobierno Local un plan de control y fiscalización de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, a fin de adecuarlas al marco impuesto por la Ley General de Subvenciones de 2013.
Infraestructuras
El partido localista que encabeza José López ha tenido desde los años en la oposición municipal uno de sus caballos de batalla en la dotación para Cartagena de infraestructuras que correspondan con la trascendencia que, sostienen, posee de la ciudad en el contexto regional y nacional. En este aspecto, se han impulsado o iniciado gestiones en vistas a potenciar el tejido productivo de la ciudad y comarca mediante la ubicación de una Zona de Actividades Logísticas en el polígono industrial de Los Camachos, las conexiones ferroviarias con el Corredor Mediterráneo y el trazado del AVE o la construcción del macropuerto de El Gorguel como objetivos principales.
A raíz de que Cartagena posea en el valle de Escombreras el mayor polo industrial de la Región de Murcia, y que disfrute de una floreciente actividad turística sobre la base de la escala de cruceros en su puerto y el tradicional turismo de sol y playa en La Manga del Mar Menor durante la época estival, el MC de López incluyó en su programa electoral de 2015 el reclamo de la implantación en la ciudad de las consejerías autonómicas de Industria y Turismo. Como consecuencia del acuerdo que permitió el pacto de gobierno con el PSOE, el alcalde anunció en marzo de 2016 que el Ayuntamiento solicitaría ante la Asamblea Regional una reforma del Estatuto de Autonomía que autorizase el traslado de las dos consejerías y definiese a Cartagena como capital de la comunidad, atendiendo a la presencia de dicho parlamento en la ciudad.
En enero de 2016 se produjo una reunión entre los alcaldes de los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, La Unión y Torre-Pacheco, en la cual se pactó la mancomunación del servicio de bomberos, la creación de una central conjunta de compras y la presión por el cambio del sistema de financiación regional. A pesar de que no se aludió a ello en ningún instante, algunos medios quisieron ver en esta medida un primer paso hacia la instauración de la provincia de Cartagena.
Otras cuestiones que suscitaron el interés de López fueron la petición de establecimiento de la Administración de Aduanas en Cartagena, actualmente en Sangonera la Seca (Murcia), aduciendo «razones estratégicas y de funcionamiento racional del propio puerto»; la Ciudad de la Justicia, una infraestructura judicial paralizada desde 2007 a causa de los aplazamientos del Ayuntamiento en la cesión de suelo; y la reactivación en el municipio del proyecto privado y sin coste para las arcas públicas de un coso multiusos que reemplazase la plaza de toros clausurada en 1986, que llegó a comprometerse para La Unión ante la falta de acuerdo con el consistorio cartagenero del Partido Popular (PP), con el que los promotores habían tratado de negociar infructuosamente las condiciones de su instalación desde 2002.
AVE
El ascenso de López a la alcaldía coincidió con la fase previa a la conclusión de los preparativos que adecuasen la ciudad para la llegada del AVE, una infraestructura de importancia primordial para las comunicaciones con el resto del país. Barreiro había acordado en 2014 con Adif la construcción de una estación nueva en el Ensanche Norte, cerca del centro comercial Mandarache, arguyendo que el coste del acondicionamiento de la terminal de la Avenida América, resuelta en el convenio original de 2006, rebasaría los 120 millones de euros frente a los 15 del primer planteamiento a causa de la necesidad de soterrar las vías a su entrada en el casco urbano. Esta decisión, que permitiría teóricamente la conexión con Madrid vía Murcia en 2016, sería sufragada a través de las plusvalías extraídas por la futurible urbanización del solar de Potasas en El Hondón, en terreno público.
La intención de trasladar la terminal afrontó la disconformidad de los vecinos del sector Estación, y tras el cambio en la alcaldía, López hizo un llamamiento a renegociar el convenio sobre el AVE y mantuvo las críticas que desde la oposición vertió en el plan, que tildó de «locura» al estimar en 95 millones el coste real de construir un nuevo apeadero debido a que no se había considerado el requisito de adaptar el desnivel del trazado existente, frente a 7.2 que achaca a una acomodación de la estación de la Avenida América. Acusó además a la regidora saliente de faltar a la verdad en cuanto a la rentabilidad que iba a percibir el Ayuntamiento por sus pretensiones urbanísticas en los terrenos de Potasas, contaminados y sujetos a la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear.
Ante el riesgo de más dilaciones en la llegada del AVE a Cartagena por la incertidumbre sobre la forma en que arribe en Murcia, donde se producen manifestaciones por el soterramiento de las vías, José López se mostró partidario de un baipás en El Reguerón que permitiese primero la llegada a la ciudad portuaria. Esta posición fue meditada en agosto de 2015 por el Ministerio de Fomento, encargado de diseñar la estructura ferroviaria.
Patrimonio
La recuperación del patrimonio arqueológico, cultural e histórico ha atraído también la atención administrativa del Ayuntamiento regido por José López, y en ese sentido se han favorecido iniciativas como las excavaciones en la plaza de la Merced, la movilización de recursos para la puesta en valor del Anfiteatro, la adquisición municipal de la casa de Isaac Peral o la rehabilitación de la Torre Llagostera. Por otra parte, el cargo honorífico de cronista oficial de Cartagena, que había estado vacante desde el fallecimiento del periodista José Monerri en 2013, fue cubierto con el nombramiento de cuatro historiadores.