El caso PARLACEN fue un proceso judicial y mediático que ocurrió en Guatemala y El Salvador entre 2007 y 2013. El caso se inició el 20 de febrero de 2007 cuando fueron brutalmente asesinados Eduardo D'Aubuisson Mungia, William Rizziery Pichinte y José Ramón González, diputados del Parlamento Centroamericano -PARLACEN- así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez. Los diputados acababan de llegar a Guatemala procedentes de El Salvador. Por el hecho se capturó a cuatro policías guatemaltecos, quienes fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad del país -El Boquerón- y a pesar de ello fueron asesinados dentro de la prisión. En ese momento, las autoridades guatemaltecas acusaron a pandilleros como los responsables del múltiple homicidio de los agentes; sin embargo, hubo presos que aseguraron que hubo una especie de operativo que incluyó vehículos, en los cuales los asesinos ingresaron al recinto y directamente se dirigieron a donde estaban recluidos los policías para darles muerte.
Hechos
Asesinato de los diputados
El 20 de febrero de 2007 fueron brutalmente asesinados en Guatemala tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN)- todos miembros del partido A.R.E.N.A. y entre ellos el hijo menor del fallecido líder de extrema derecha Roberto D'Aubuisson-; los cadáveres de los diputados salvadoreños Eduardo D'Aubuisson Mungia, William Rizziery Pichinte y José Ramón González, así como del chofer Gerardo Napoleón Ramírez, mostraban numerosos impactos de bala y fueron hallados carbonizados el lunes por la noche en un camino secundario de Guatemala, en las inmediaciones de la aldea El Jocotillo, unos 40 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala. Ese mismo día, los presidentes de Guatemala, Oscar Berger Perdomo, y de El Salvador, Elías Antonio Saca, condenaron los homicidios y abogaron por una investigación a fondo para esclarecer los asesinatos, mientras crecía la hipótesis de que habría un móvil político tras los hechos. Ese día también, el ministro guatemalteco del Interior, Carlos Vielmann, dio a conocer los detalles del caso a la prensa y dijo que no había duda de que habían sido asesinados el lunes, cuando llegaron al país. Agregó que de momento no había pistas sobre el motivo o la identidad de los atacantes, y prometió una investigación con un equipo especial.
Eduardo D'Aubuisson, de 39 años, era el hijo menor del mayor Roberto D'Aubuisson, líder de extrema derecha en El Salvador durante la guerra civil en la década de 1980.
El PARLACEN emitió una enérgica condena contra los asesinatos, al igual que el FMLN, que también hizo un llamado a Guatemala para una pronta y exhaustiva investigación, mientras que el Congreso salvadoreño repudió el homicidio de sus tres legisladores y decretó tres días de duelo nacional.
El ministro de Seguridad Pública salvadoreño, René Figueroa, declaró en una conferencia de prensa en San Salvador que las autoridades guatemaltecas le habían manifestado que los diputados habían sido vistos en la capital de Guatemala y que no descartaba que hubieran sido secuestrados y llevados al lugar donde fueron asesinados. Los diputados viajaban en una caravana con otros miembros salvadoreños del PARLACEN y al cruzar la frontera estaban siendo escoltados por la Policía Nacional Civil guatemalteca hasta la Ciudad de Guatemala, como era habitual, dada la inseguridad que reina en las carreteras del país.
Captura de policías guatemaltecos involucrados
Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala fueron arrestados el 23 de febrero acusados del homicidio de los diputados y su chofer; el fiscal del caso, Álvaro Matus, indicó que la clave detrás de los arrestos fue el sistema de GPS (Posicionamiento Global por Satélite) instalado en el vehículo policial, que ubica a los sospechosos en lugar del crimen. Otras pruebas que condujeron al arresto fueron un video de una empresa de transportes y la declaración de testigos; el ministro Vielmann confirmó que continúa la búsqueda de otros dos sospechosos mientras que el presidente Saca, elogió a las autoridades guatemaltecas por su rápido accionar en la investigación del crimen.
De acuerdo a una entrevista que se le hizo al director de la policía ese día, en el mapeo de la zona aparecía la señal del GPS de un vehículo policial en el mismo sector donde se produjeron los asesinatos, y que no tenía porqué estar allí; cuando la policía verificó de qué vehículo se trataba se encontró que éste concordaba con un vehículo de las mismas características que un testigo había visto en el mismo lugar. Menos de 36 horas después, ya sabían quienes eran los autores materiales del crimen de los parlamentarios centroamericanos. El vehículo era un Toyota Yaris sin emblemas policiales; era nuevo, y sin placas, y lo utilizaba un funcionario de la sección de informática de la policía. Soto Diéguez autorizó que se lo trasladaran a los hombres que estaban bajo su mando. De acuerdo a Sperisen, los agentes fueron capturados y reconocieron su culpabilidad; aunque en un momento dado pidieron algún tipo de negociación a cambio de decir quién está detrás de la autoría intelectual de los asesinatos; igualmente, el jefe de la policía guatemalteca informó en ese momento que se trataba de una situación compleja porque los policía actuaron individualmente, por su propia iniciativa y utilizaron recursos de la institución policial sin tener autorización para hacerlo.
El presidente guatemalteco dijo que seguramente los agentes esperaban obtener un botín de dinero o de droga, pero al verse frustrados de no encontrar nada en el vehículo, asesinaron a los diputados; por su parte, el presidente salvadoreño hizo declaraciones similares respecto a las circunstancias en las que se produjeron las muertes. Ese día también se informó que el presidente Berger invitó al FBI estadounidense a ayudar en la investigación del asesinato de los tres parlamentarios salvadoreños.
Los policías capturados por el asesinato de los diputados fueron los oficiales de alto rango Luis Arturo Herrera López -de 39 años y jefe de la sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DICN) de la Policía Nacional Civil (PNC)- José Korky Estuardo López Arriaga, de 28 y los dos agentes investigadores José Adolfo Gutiérrez, de 36, y Marvin Langen Escobar Méndez; poco después, fueron llevados a la prisión del Boquerón, en el municipio de Cuilapa, Santa Rosa a 70 kilómetros al este de la Ciudad Guatemala,, la cual estaba ocupada en su mayoría por pandilleros de la peligrosa Mara Salvatrucha, pues el abogado de los policías consideró que la vida de éstos corría peligro en un penal de detención preventiva de la capital guatemalteca.
Asesinato de los policías capturados
Los cuatro policías acusados de matar a los diputados salvadoreños fueron asesinados en la tarde del 25 de febrero de 2007 en la prisión del Boquerón. Mientras, en las afueras de la prisión varios agentes policiales y periodistas mostraban en sus teléfonos celulares las fotos de los cadáveres acribillados a balazos; mientras que los presos retuvieron como rehenes en la cárcel a cinco funcionarios -el alcaide, el jefe de seguridad y tres agentes- argumentando que no querían que se les acusara del crimen de los policías. Más de cuatrocientos agentes de la policía y miembros del Ejército, ocuparon luego la prisión y aislaron a los para evitar que se amotinaran los reclusos.
El jefe de la Dirección de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Víctor Soto, dijo en ese momento que "los cuatro agentes fueron ejecutados a tiros en el interior de la prisión", sin dar más detalles del hecho; sin embargo, internos del penal relataron que los agentes asesinados fueron primero degollados y posteriormente tiroteados. Por otra parte, fuentes del Sistema Penitenciario de Guatemala explicaron a medios locales que «un comando de hombres armados» ingresaron a «El Boquerón», amenazaron a los guardias de seguridad y al resto de reclusos y por varios minutos buscaron a los reos asesinados.
Aunque la gobernación y la fiscalía no dijeron que el crimen tuviera vinculación con el narcotráfico y ofrecieron una conferencia de prensa, el presidente guatemalteco Oscar Berger dijo que según la información que él manejaba en ese momento, fue una banda de narcotraficantes la que pagó por ejecutar a los diputados.
En 2010, los periodistas Laffite Fernández y Miguel Jara publicaron un artículo en el periódico El Mundo de El Salvador donde relatan que el mismo día del asesinato de los agentes policiales, Víctor Rivera llegó a la frontera de El Salvador desde donde intentó localizar a Rodrigo Ávila, en ese entonces jefe de la policía salvadoreña. Rivera -a quien apodaban como “Zacarías”- era venezolano y viajaba en varios vehículos oficiales acompañado de hombres armados; sus primeros contactos telefónicos los hizo desde la frontera con Guatemala a eso de las dos de la tarde y pedía un encuentro urgente con él en San Salvador. Como “Zacarías” insistía en contactar a Ávila, uno de sus colaboradores le aconsejó al exjefe de la policía que no lo recibiera; entonces, Rivera acabó reuniéndose con José Luis Tobar Prieto, el subjefe de la policía salvadoreña. En ese encuentro que apresuradamente buscó Rivera, el venezolano únicamente mostró unas fotografías y contactos telefónicos que ya se conocían en El Salvador, pero mientras estaban en la reunión, llegó la noticia, desde Guatemala, pasadas las seis de la tarde, sobre el exterminio de los cuatro agentes que participaron el crimen de los diputados salvadoreños, en la cárcel de Pavón.He aquí un error de Fernández y Jara, ya que el crimen de los policías ocurrió en la cárcel de El Boquerón y no en Pavón.
Esa inesperada visita de Rivera la confirmó a Fernández y Jara el Ing. Rodrigo Ávila; según los periodistas, los investigadores de la CICIG dedujeron que era muy probable que el venezolano ya sabía lo que iba a ocurrir con los cuatro agentes policiales y fue a El Salvador para deslindarse de los hechos. Debe tomarse en cuenta que existe un video en donde uno de los agentes fallecidos había amenazado con contar lo que hacían Rivera y otras autoridades guatemaltecas.
Interpelación al Ministro Vielmann sobre papel de Víctor Rivera
El Congreso de Guatemala intentó interpelar al ministro Vielman a principios de marzo de 2007, pero la interpelación no pudo llevarse a cabo; los diputados guatemaltecos -principalmente de partidos de la oposición- pretendían iniciar la sesión con varias preguntas sobre un oscuro asesor venezolano asignado al ministerio de Gobernación de Guatemala: Víctor Rivera Azuejo, de 62 años, conocido en el argot policial como “Zacarías”. De acuerdo a la jefa de la banda del Partido Patriota -Roxana Baldetti- un vehículo asignado a este asesor, un Nissan Frontier placas 304CWY, habría sido utilizado en al menos dos casos de ejecuciones extrajudiciales y un secuestro.
«Zacarías» era uno de los hombres más cercanos a Vielmann. Tanto que, en una fotografía que se presentó a la prensa en febrero de 2007, aparece hablando con los cuatro policías capturados por su participación en el asesinato de los tres diputados salvadoreños y el motorista. También se le iba a preguntar al ministro Vielman acerca de la posible ejecución extrajudicial de los policías en El Boquerón, pues ya existían versiones de que el operativo habría sido ejecutado por un comando que ingresó a la prisión para matar a los policías y que el mismo se conocía como «Las Tres V», por los nombres de los tres oficiales de seguridad que la comandaban -Víctor Soto, exjefe de Investigación Policial, Víctor Rivera “Zacarías” y Víctor Rosales, director de centros Penales de Guatemala.