El caso Penta, a veces también
denominado «Pentagate», fue un escándalo y caso penal chileno, referido a un coordinado y efectivo fraude al Fisco de Chile por parte de Empresas Penta, mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios «ideológicamente falsas» —emitidas materialmente de acuerdo a la ley, pero cuya justificación es falsa—.
Todo lo anterior permitió, entre otros aspectos, el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI). El caso incluyó delitos tributarios como soborno, lavado de dinero y cohecho.
Antecedentes Caso Fraude al FUT El caso sobre fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributables)Según el Servicio de Impuestos Internos, el FUT es «un libro de control que debe ser llevado por los contribuyentes que declaren rentas efectivas en primera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y balance general, en el cual se encuentra la historia de las utilidades tributables y no tributables, generadas por la empresa y percibidas de sociedades en que tenga participación». investiga desde mediados de 2013 el presunto acuerdo entre el ingeniero comercial Iván Álvarez, fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), con ayuda del contador Sergio Díaz, y más de un centenar de contribuyentes con el fin de aumentar de manera fraudulenta la devolución de impuestos que dicho organismo realiza anualmente. En marzo de 2014 se identificaron 122 contribuyentes beneficiados del ilícito, y se estimó el fraude al Fisco en más de CLP 20 mil millones.
Desvinculación de Hugo Bravo 260px|miniaturadeimagen|Oficinas del Banco Penta en la Avenida Apoquindo, una de las empresas del Grupo Penta, en enero de 2015. En julio de 2014, Seguros Generales Penta Security anunció la renuncia de su entonces director Hugo Bravo López, siendo reemplazado por Alfredo Moreno. Bravo fue durante décadas uno de los principales colaboradores de los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano, y su salida del grupo se debió a que en abril de ese año Bravo había admitido haberle pagado al martillero público Jorge Valdivia Rodríguez, involucrado en el llamado «caso fraude al FUT», con dinero de sociedades ligadas a Pentaddd.http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=123449
En julio de 2014 la Fiscalía comenzó a investigar a la sociedad Espartaco, propiedad de Bravo, por fraude al Fisco. Bravo y el contador Marcos Castro fueron llamados a declarar ante el Ministerio Público, quienes admitieron que Penta estaba involucrado con el «caso FUT».http://blog.poderopedia.org/post/107319401505/el-expediente-del-pentagate-los-involucrados-las
En octubre de 2014 Bravo inició un juicio laboral en contra de Délano y Lavín, reclamando una indemnización de CLP 2.300 millones,https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/tribunal-acogio-a-tramite-demanda-laboral-de-ex-ejecutivo-contra-penta/2014-10-08/115202.html la cual fue desestimada en febrero de 2015.http://radio.uchile.cl/2015/02/11/caso-penta-tribunales-rechazan-pago-de-indemnizacion-a-hugo-bravo
Denuncias del SII 170px|miniaturadeimagen|Carlos Alberto Délano, uno de los controladores de Penta. En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete personas ligadas a las Empresas Penta —entre ellos sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público. Según la denuncia inicial, el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que está entre los 260 a 660 millones de pesos.
En octubre de 2014, el SII presentó una denuncia por delito tributario en contra de los representantes legales de las sociedades Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda., Inmobiliaria Duero Ltda., Inversiones Challico Ltda., Inversiones Santa Sarella Ltda. e Inversiones Perkita Ltda., por el uso indebido de boletas de honorarios y emisión de facturas ideológicamente falsas para disminuir la base imponible de sus respectivos impuestos sobre la renta. Una segunda denuncia recayó sobre Empresas Penta S.A. por disminuir la base imponible de sus impuestos de primera categoría, mediante facturas falsas que daban cuenta de servicios de asesoría nunca realizados. También fueron denunciados los facilitadores de dichas boletas y facturas que fueron ingresadas en la contabilidad de dichas empresas. El SII denunció que el efecto de estas operaciones fue que Empresas Penta
En enero de 2015, el SII denunció formalmente a Délano y Lavín y a otras doce personas —entre ellos cinco hijos y la hermana de Délano— por la emisión de facturas ideológicamente falsas. También se comenzaron a investigar los pagos que habría recibido Pablo Wagner por parte del grupo, mientras se desempeñaba como subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera.
Investigación de la Fiscalía Investigación preliminar La investigación del Ministerio Público se inició el 30 de junio de 2014 por orden del fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Carlos Gajardo, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, basado en los antecedentes recabados en el caso «fraude al FUT».
El caso tomó ribetes políticos en octubre de 2014, cuando el exgerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, declaró que el grupo había hecho donaciones irregulares a políticos del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para financiar sus campañas electorales. Entre los beneficiados por Penta estarían los UDI Jovino Novoa, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira y Ernesto Silva Méndez, y los independientes Laurence Golborne —que fue precandidato presidencial de la UDI— y Andrés Velasco —que fue precandidato presidencial de la Nueva Mayoría—. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó ese mes diligencias en el domicilio de Velasco. Posteriormente aparecería involucrado el democratacristiano Alberto Undurraga, ya que la fundación Ciudad Justa —que el político había presidido— recibió pagos de Penta por un estudio encargado por el holding.
170px|miniaturadeimagen|Sabas Chahuán, fiscal nacional que tomó la investigación del caso. El 30 de diciembre se levantó el secreto sobre la carpeta de la investigación del caso, y días más tarde La Tercera publicó una serie de correos electrónicos entre políticos —Ena von Baer, Iván Moreira, Felipe Kast— y controladores y gerentes del grupo Penta. Tres días más tarde, Moreira dio una declaración pública donde aceptaba haber cometido irregularidades y pidió disculpas, mientras que Von Baer, quien inicialmente había negado haber solicitado apoyo a los dueños de Penta, afirmó el 12 de enero que había cometido «un error involuntario».https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/ena-von-baer-y-caso-penta-fue-un-error-involuntario/2015-01-12/163959.html
El 21 de enero de 2015, se abrió una nueva arista del caso, cuando el fiscal Gajardo solicitó a la PDI información acerca de diecinueve personas con el fin de indagar la emisión de boletas de honorarios aparentemente irregulares a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). En dicha nómina figuraban familiares y asesores vinculados a la Nueva Mayoría.
El 18 de febrero la fiscal nacional (s) Solange Huerta decidió separar la arista relativa a SQM —denominada posteriormente «caso SQM»— del caso Penta, designándole la primera al fiscal regional metropolitano Centro-Norte, Andrés Montes, quien fue altamente cuestionado por ser hijo del senador socialista Carlos Montes; el resto del caso fue asignado al fiscal regional metropolitano Oriente, Alberto Ayala, quién reemplazó a Carlos Gajardo. Sin embargo, el 24 de febrero el fiscal nacional Sabas Chahuán asumió personalmente la investigación del caso, junto al equipo de la Fiscalía Oriente de Delitos de Alta Complejidad, los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias. Este es el primer caso en la historia judicial chilena desde la implementación de la reforma procesal penal en que una investigación es dirigida de forma exclusiva por el jefe superior de la Fiscalía, en uso de la prerrogativa que le atribuye el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.El artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece: «El Fiscal Nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía».
Investigación formalizada y medidas cautelares 2015 thumb|170px|Jovino Novoa fue condenado por delitos tributarios a una pena de tres años de pena remitida Entre el 4 y el 7 de marzo de 2015 se realizó la audiencia donde la Fiscalía formalizó la investigación en contra de diez imputados en el caso. En dicha oportunidad, se estableció un plazo de investigación de 120 días, y se dictaron medidas cautelares contra los imputados, entre ellas, la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván Álvarez, quienes comenzaron a cumplir la medida el 7 de marzo en el Anexo Capitán Yáber. Las defensas de los imputados apelaron a dicha medida, pero ésta sólo fue revocada a Bravo y Castro, quedando ambos bajo arresto domiciliario.
A fines de marzo de 2015, fueron citados a declarar ante la Fiscalía los políticos Jovino Novoa, Iván Moreira y Felipe de Mussy. El 30 de ese mes, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la ampliación de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, por soborno y lavado de activos, en contra de las empresas Penta S.A., Inversiones Penta 3 Ltda., Inversiones BanPenta Ltda. y Andes Iron SpA.La legislación chilena sólo permite asignar responsabilidad penal a personas naturales. La excepción a esta regla la constituye la Ley Nº 20.393, que permite atribuir dicha responsabilidad a personas jurídicas por lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago revocó las medidas cautelares de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el 23 de abril, y de Pablo Wagner, el 28 del mismo mes, quedando todos con las medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional. El 17 de junio, seis de los imputados —Délano, Lavín, Wagner, Bravo, Tocornal y Castro— fueron nuevamente formalizados por el delito de perjuicio fiscal por más de $ 2000 millones mediante contratos forward.
El 22 de junio de 2015 se realizó una nueva audiencia de formalización, esta vez contra tres políticos implicados en el caso; el senador Iván Moreira, el diputado Felipe de Mussy y el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett, todos militantes de la UDI. El último quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y firma mensual. En la audiencia también fueron formalizados Alberto Cardemil (RN), cuya defensa presentó una cautela de garantías a su favor, y Jovino Novoa (UDI), quien sufrió una hemorragia digestiva en pleno desarrollo de la actuación judicial, por lo cual ambas formalizaciones fueron aplazadas para el 6 de julio.
El 1 de octubre de 2015 fueron formalizadas trece personas, varias de ellas ligadas a Iván Moreira y a otros de los políticos involucrados. En la misma audiencia, el SII se querelló en contra de ocho de esos formalizados.