El estudio del Comité Selecto del Senado sobre el Programa de detención e interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia ( o simplemente CIA Torture Report), es un informe de 6000 páginas elaborado por el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia de Estados Unidos que se abocó a investigar las técnicas de tortura y métodos de interrogatorio utilizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe completo no se publicó y permaneció clasificado, aunque sí se publicó un informe ejecutivo.
El informe ejecutivo, aprobado el 13 de diciembre de 2013, fue desclasificado el 9 de diciembre de 2014 y consta de siete secciones y tres apéndices distribuidos en 525 páginas. Este fue presentado al pleno del Senado estadounidense por la senadora Dianne Feinstein, presidenta del comité que llevó a cabo la investigación durante cuatro años y con unos costes de .
El informe detalla acciones de los funcionarios de la CIA, incluyendo tortura de prisioneros, el suministro de información engañosa o falsa a los medios de comunicación acerca de los programas clasificados de la CIA, los obstáculos a la supervisión del gobierno y la crítica interna, y la mala gestión del programa. También reveló la existencia de detenidos hasta entonces desconocidos, que un número de detenidos superior al conocido fueron sometidos a tratamiento severo, y que se usaron más formas de tortura que las dadas a conocer con anterioridad. En el informe se llega a la conclusión de que la tortura a los prisioneros no ayudó a adquirir información de inteligencia fiable o a ganar la cooperación de los detenidos y que el programa ocasionó daños en el prestigio internacional de los Estados Unidos.
Algunas personas, incluyendo funcionarios de la CIA y miembros del Partido Republicano, cuestionaron las interpretaciones del informe, alegando que este proporcionaba una imagen incompleta o inexacta del programa. Otros criticaron la publicación del informe, citando su potencial de daño a los EE. UU. y la historia conflictiva de su desarrollo. Otros, entre ellos el presidente Obama y el excandidato presidencial republicano John McCain, elogiaron la publicación del informe. El Presidente Obama afirmó que «una de las fortalezas que hacen excepcional a América es nuestra voluntad de confrontar abiertamente nuestro pasado, enfrentar nuestras imperfecciones, hacer cambios y mejorar».
Antecedentes
Interés en la elaboración del Informe
upright|thumb|Senadora Dianne Feinstein a cargo del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia desde 2009 hasta comienzos del 2015 La senadora por California, Dianne Feinstein, dijo que el informe se llevó a cabo luego de descubrirse que José Rodríguez, entonces Director del Servicio Secreto Nacional de la CIA, había destruido en el año 2005 casi 100 grabaciones de vídeo de interrogatorios. El Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia (SSCI, por sus siglas en inglés) pensó que con esta acción, se encubrían actividades ilegales de la CIA, aun cuando el Comité había sido informado inicialmente por funcionarios de la CIA que Rodríguez no estaba participando en la «destrucción de evidencias». Rodríguez criticó preventivamente el informe en un editorial del The Washington Post el 5 de diciembre de 2014.
Desarrollo del Informe El 5 de marzo de 2009, el Comité de Inteligencia del Senado aprobó por mayoría de votos (14 a 1) la apertura de una investigación del programa de detención e interrogación de la CIA. En agosto de 2009 Eric Holder, procurador general de Estados Unidos, anunció una investigación penal preliminar paralela acerca del uso de técnicas no autorizadas de interrogatorio por parte de oficiales de la CIA. Como resultado de la investigación de la Procuraduría General, la minoría del Partido Republicano en el SSCI concluyó que, por temor a la responsabilidad penal que pudiera corresponderles, era poco probable que muchos testigos participaran en la investigación. Citando como justificación la investigación del procurador general, la minoría republicana del SSCI retiró su participación en la investigación a partir de septiembre de 2009.
El informe fue elaborado a partir de la revisión de alrededor de seis millones de páginas de documentos, cables, correos electrónicos y otros materiales aportados principalmente por la CIA. Otros 9400 documentos clasificados adicionales, reiteradamente solicitados por el SSCI, fueron retenidos por la Casa Blanca en virtud de una reclamación de «privilegio ejecutivo». A pesar de la expectativa inicial de que se utilizarían entrevistas, no se llevaron a cabo entrevistas formales ni audiencias en la preparación del informe. La falta de entrevistas o audiencias fue una de las principales quejas planteadas por la minoría republicana del SSCI, y contrasta con la investigación del año 2008 del Comité de Servicios Armados del Senado sobre el trato de los detenidos bajo custodia militar estadounidense, que llevó a cabo 70 entrevistas personales, presentó cuestionarios escritos a 200 personas y llevó a cabo dos audiencias. La CIA estima que aproximadamente se gastaron 40 millones de dólares entre horas de trabajo y recursos humanos para ayudar a la investigación, incluyendo la contratación de personal adicional para revisar los documentos antes de presentarlos a la Comisión y el establecimiento de una instalación de seguridad y una red informática independientes para ser utilizadas por la CIA y personal del Comité durante la revisión de documentos.
El informe final fue aprobado el 13 de diciembre de 2012, con una votación de 9 votos a favor y 6 en contra. Los votos a favor de la publicación correspondieron a 7 demócratas, 1 independiente (Angus Rey) y 1 republicano (Susan Collins), mientras que seis republicanos votaron en contra.
El 3 de abril de 2014, en una votación cuyo resultado fue 11/3, el SSCI aprobó la presentación de una versión revisada del resumen ejecutivo, los resultados y las recomendaciones del informe, para analizar su desclasificación y su posible preparación para una futura difusión pública. Luego de ocho meses, durante los cuales se produjeron conflictivas negociaciones acerca de cuáles deberían ser los detalles que permanecerían clasificados, el 9 de diciembre de 2014 se dio a conocer al público (tras una cuidadosa redacción), el resumen ejecutivo revisado, los resultados y las recomendaciones.
El informe incluye datos sobre la cooperación de agencias extranjeras con la CIA, al respecto, el presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad británico declaró que, a pedido de las agencias británicas, solicitarían acceso a cualquier cosa extraída del informe.
Simultáneamente a la publicación, los seis miembros del SSCI que habían votado en su contra emitieron su propio informe de 167 páginas, criticando tanto el procedimiento como las conclusiones del informe aprobado por la mayoría.
Incidente informático El 17 de diciembre de 2013, el senador demócrata Mark Udall reveló la existencia de una revisión interna secreta llevada a cabo por la CIA que era compatible con el informe del Senado, pero entraba en conflicto con la respuesta oficial que la CIA había brindado sobre el informe. En enero de 2014, funcionarios de la CIA afirmaron que el Comité de Inteligencia había tenido acceso a documentos revisados y los había retirado de las instalaciones de la CIA en 2010, sin la autorización de la CIA.
En marzo de 2014, la senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia, confirmó qué copias de partes de la revisión se habían retirado y trasladado a una caja fuerte en el edificio Hart Office Building del Senado. Argumentó que la acción fue necesaria a efectos de proteger la documentación de una posible destrucción por parte de la CIA, similar a la ocurrida en 2005 con los vídeos que registraban brutales métodos de interrogatorio.
Durante un discurso calificado de «extraordinario» de 45 minutos, el 11 de marzo de 2014, Feinstein dijo que la CIA accedió ilegalmente a ordenadores del Comité de Inteligencia para determinar cómo el personal del comité había obtenido los documentos de la revisión. Feinstein dijo también que el consejero general de la CIA en ejercicio, posteriormente identificado como Robert Eatinger, solicitó al FBI realizar una investigación criminal sobre la conducta del personal del comité. La senadora dijo que creía que la solicitud era «un esfuerzo potencial para intimidar al personal del Comité de Inteligencia» Eatinger había sido uno de los dos abogados que aprobaron la destrucción de las cintas de vídeo en 2005. Feinstein agregó que el nombre de Eatinger fue mencionado más de 1600 veces en el informe del Comité. El Director de la CIA John Brennan negó las acusaciones de piratería, y declararía que «cuando los hechos salgan a la luz, creo que se demostrará que estaban equivocadas una gran cantidad de personas que están reclamando que se ha producido esta tremenda suerte de espionaje y vigilancia y piratería».
El 31 de julio de 2014 la CIA confirmó que había obtenido «de modo inapropiado» acceso a la red informática del Comité . Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó que no se presentarían cargos legales vinculados al incidente informático.
Un panel de revisión interna nombrado por Brennan defendió las búsquedas informáticas, señalando «que eran legales y en algunos casos realizadas a instancias de John O. Brennan, el director de la CIA».
Resultados
Resultados enumerados en el informe El informe de 6000 páginas produjo 20 resultados clave: El uso por parte de la CIA de técnicas de interrogación mejorada no resultó un medio eficaz para la adquisición de información de inteligencia relevante o para obtener la cooperación de los detenidos. La justificación de la CIA para el uso de técnicas de interrogatorio mejoradas se basaba en afirmaciones inexactas acerca de su eficacia. Los interrogatorios de los detenidos de la CIA fueron brutales y mucho peores de lo que la CIA mostraba a los responsables políticos y otros. Las condiciones de reclusión de los detenidos de la CIA eran más duras de lo que la CIA mostraba a los responsables políticos y otros. La CIA proporcionó información inexacta reiteradamente al Departamento de Justicia (DOJ), lo que impidió un análisis jurídico adecuado del programa de detención e interrogatorio ejecutado por dicha agencia. La CIA ha evitado o impedido activamente que el Congreso supervisara su programa. La CIA impidió la efectiva supervisión y toma de decisiones de la Casa Blanca. El funcionamiento y la gestión del programa de la CIA complicó, y en algunos casos impidió, las misiones de seguridad nacional de otras agencias del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. La CIA impidió la supervisión por parte de la Oficina del Inspector General (OIG) La CIA coordinó la entrega de información reservada a los medios de comunicación, incluida la información inexacta acerca la eficacia de las técnicas de interrogación mejorada que utilizaba. La CIA no estaba preparada cuando comenzó a operar su programa de detención e interrogatorio, más de seis meses después de haberle sido otorgada la autoridad para efectuar detenciones. La gestión y el funcionamiento del programa de interrogatorios y detención de la CIA fueron profundamente defectuosos a lo largo de toda la duración del programa, en particular en 2002 y principios de 2003. Dos psicólogos contratados por la CIA idearon las técnicas de interrogación mejorada y jugaron un papel central en el funcionamiento, la evaluación y la gestión del programa de detención e interrogatorio llevado a cabo por la agencia. Para 2005, las operaciones relacionadas con el programa habían sido abrumadoramente tercerizadas por la CIA. Las personas detenidas por la CIA fueron sometidas a técnicas coercitivas de interrogación que no habían sido aprobadas por el Departamento de Justicia o no habían sido autorizadas por la Oficina Central de la CIA.